Perú – El expresidente peruano Pedro Castillo, fue llevado al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate; mismo reclusorio donde se encuentra Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años, mientras espera a ser procesado por rebelión y conspiración.
Luego de estar detenido varias horas en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido a un cuartel policial bajo mucha seguridad en el distrito de Rímac, donde tuvo que esperar para abordar el helicóptero que lo llevaría al penal de Barbadillo, prisión ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
Como parte de los últimos preparativos contra Pedro Castillo para los presuntos delitos de rebelión y conspiración; un equipo del Ministerio Público conducido por Patricia Benavides, fiscal general, y la Policía Nacional hicieron su ingreso al Palacio de Gobierno, mientras Castillo se encontraba en la Prefectura de Lima, de donde salió esposado posteriormente.
Asimismo, la Fiscalía en busca de documentos que asistan a la investigación, visitaron los locales de varios ministros. El Ministerio Público anunció el comienzo de las averiguaciones mientras el ex mandatario se encontraba detenido en la prefectura por «quebrantar el orden constitucional», cargos que se imputaron a Castillo y que lo llevo al penal de Barbadillo.
Luego de dictar el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional, miembros de Congreso y hasta de su propio gabinete consideraron la orden como un intento de golpe de Estado por parte del exjefe de Gobierno.
El destituido presidente pasara un largo tiempo en el Penal de Barbadillo
La medida que tomo Pedro Castillo en su momento no tuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su gabinete de Gobierno, ni por las Fuerzas Armadas, ni el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Horas después del anuncio, el Congreso discutió un tercer pedido para la destitución en su contra que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que los integran.
Después de quedar destituido, Castillo quedó detenido tras un operativo realizado por la fiscal Benavides, quien había condenado su decisión como «quebrantamiento del orden constitucional».
