Lima – La fiscalía de Perú abrió este martes una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones corporales graves, que causó 47 muertos y decenas de heridos por las protestas en las últimas semanas.
El Ministerio Público anunció en su cuenta de Twitter que, desde la Fiscalía de Perú, la Fiscal General Patricia Benavides ordenó una investigación preliminar contra el Presidente del Consejo de Ministros, Boluarte Alberto Otárola; así como Víctor Rojas (Ministro del Interior) y Jorge Chávez quien ocupa el cargo de Ministro de Defensa.
Asimismo «contra Pedro Angulo como su ex presidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes como exministro del Interior».
La investigación preliminar de la Fiscalía de Perú se refiere a los presuntos «delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Ayacucho y Junín”, precisó el Ministerio Público.
La fiscalía de Perú estaría poniendo en aprietas al gobierno de Boluarte
Boluarte ya realizó la primera averiguación previa sobre los muertos registrados por las protestas de diciembre pasado, pocos días después de que fuera juramentada como presidente constitucional tras el derrocamiento de Castillo tras su intento fallido de golpe de Estado.
La fiscalía de Perú estipula que, el delito de genocidio se castiga con una pena de prisión de al menos 20 años por el asesinato en masa de los miembros del grupo, dañando gravemente a los miembros del grupo o sometiendo al grupo a condiciones de existencia tales que conduzcan a su completa destrucción; esto incluye la destrucción física parcial.
Otárola acudió este martes al Congreso para confirmar la postulación en el Parlamento y anunció que el Gobierno acordó declarar “luto laboral nacional” este miércoles “por los caídos” en las protestas que se produjeron en menos de un mes, donde se contabilizaron un total de 47 muertos, el último, un policía de Puno, cuya identidad aún no ha sido identificada.
Se anuncia además que “aprobamos en Consejo de Ministros el Decreto Supremo que declara la inmovilización social obligatoria (prohibición de libre circulación) en Puno por tres días de 20:00 a 04:00 horas”.
“Tiene como finalidad garantizar la vida, la integridad y la libertad de todos los puneños”, anunció Otárola ante el pleno del Congreso, en referencia a la zona que fue foco de violentas protestas y enfrentamientos con la policía este lunes, cuando 17 manifestantes fueron asesinados.
Otárola comunicó sus condolencias y expreso su pena por los hechos condenados por la fiscalía de Perú durante su programa de gobierno, indicando que ha sido una “pérdida irreparable” los peruanos que han muerto durante las manifestaciones. Desde diciembre pasado, 39 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las tropas del orden, 7 sobre los hechos relacionados con las protestas y el policía cuyo cuerpo fue quemado esta mañana, hechos que no pueden ser ignorados por la fiscalía de Perú.
“El fantasma de la violencia irracional ha regresado al Perú”, declaró, exigiendo apoyo a la policía.
Otárola asistió este martes a una sesión plenaria del Congreso para solicitar un voto de confianza a su gobierno, un día después de la trágica violencia en Puno, centro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, la suspensión del parlamento, las elecciones de 2023 y una nueva constitución, entre otros requisitos.
